El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue apresado en diciembre de 2022; el informe hace referencia a temas que rodean la detención de esta autoridad y señala que “tuvieron motivaciones políticas”
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe de Derechos Humanos 2023 en el cual señala que hubo una vulneración a los derechos del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y hace alusión a temas vinculados con su aprehensión y posterior detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad de La Paz, que data de diciembre de 2022.
El documento señala que el Gobierno boliviano no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, entre ellos el gobernador de Santa Cruz y la expresidenta interina, Jeanine Añez.
“La ley prohibía el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. La ley establece el derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales”, dice parte del informe.
También se indica que grupos internacionales de derechos humanos observaron “varios casos potencialmente motivados políticamente iniciados por el gobierno que resultaron en arrestos arbitrarios, todos contra opositores del gobierno o miembros del gobierno anterior”.
“Consideraron que el arresto de alto perfil en diciembre de 2022 y la detención del gobernador Camacho de Santa Cruz tuvieron motivaciones políticas, y los abogados comentaron que había informes casi a diario de arrestos arbitrarios de personas sin el debido proceso”, indica este informe que está publicado en el sitio web oficial del departamento de Estado de Estados Unidos
La “denegación de un juicio público justo”, es otro de los puntos que se marca en el documento, en el que se señala que la ley preveía un poder judicial independiente, pero éste estaba sobrecargado y era “vulnerable a influencias indebidas de los poderes ejecutivo y legislativo”.
“El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, jueces y fiscales practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco de acoso verbal y legal por parte del gobierno”, se argumenta en el informe.
Sobre la aprehensión y posterior detención del gobernador cruceño, se establece las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, “pero finalmente afirmaron que permanecía detenido por su papel en la crisis política de 2019”, que el gobierno describió como un “golpe de estado”.
Además se pone de manifiesto lo expuesto por Human Rights Watch que afirmó que la justificación de la prisión preventiva de Camacho “era muy frágil”, además que “no vio pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración”.
También en el informe también hay un inciso en el que se señala: Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia, algo que “la ley prohibía tales acciones, pero hubo informes de cámaras ocultas dentro de la celda del gobernador Camacho de Santa Cruz durante las visitas a su esposa”
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