Producción de oro procede en su mayoría del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales, extranjeros y deja impactos ambientales significativos en el medio ambiente.
Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) estima que hasta el 80% de la riqueza generada por la explotación aurífera beneficia a inversiones extranjeros, que además son ilegales, en lugar que al Estado boliviano.
El Cedla mencionó que las exportaciones en oro metálico han superado al valor de las ventas de gas, pero la diferencia es que la producción gasífera dejó 30 veces más impuestos que la explotación aurífera.
“En el gas, se ven impuestos, transferencias y regalías; en el oro, casi nada (…). La mayor parte va a parar a los bolsillos de inversionistas extranjeros, chinos, colombianos, peruanos y chilenos. No hay en este momento una norma que cambie eso”, afirmó el investigador Alfredo Zaconeta.
Según el Centro de Estudios, esta gran diferencia está avalada por la normativa sectorial, que determinó las condiciones para que un mineral tan estratégico como el oro sea entregado a manos privadas.
Señaló que en 2022, la explotación de oro marcó un nuevo récord en cuanto a volumen (53,4 toneladas) y valor ($us 3.073millones). El 99,5% de esa producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medio ambiente.
“Se piensa que esos $us 3.073 millones benefician a los cooperativistas, pero, en áreas en las que las cooperativas se asocian con capitales privados, los socios extranjeros se llevan entre el 70% y el 80% de los ingresos generados por la operación aurífera”, apuntó Zaconeta.
Estas asociaciones ilegales ocurren a la vista del Gobierno, que renuncia a un control que en este subsector puede evitar también otros ilícitos, como la contratación de asalariados, el trabajo en condiciones precarias, el alquiler de concesiones y el desvío de combustible subvencionado, advierte el análisis.
El Cedla planteó que, una fiscalización efectiva impediría igualmente que muchas empresas privadas y empresas unipersonales se hagan pasar por cooperativas, para que el oro que producen se beneficie de exenciones tributarias.
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