La autoridad electoral de Venezuela alega que no ha divulgado el escrutinio debido a un jaqueo que también convalidó la máxima corte
Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición, que considera “nula” la decisión del tribunal, cuya independencia cuestiona.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida” los “resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros” para “el período constitucional 2025-2031”.
La magistrada citó un informe que concluyó que “los boletines emitidos” por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo, subrayó, es inapelable.
El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67% de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
A pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una sentencia para “validar el fraude”.
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte asume atribuciones que corresponden al CNE.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para su tercer mandato de seis años. El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ en Caracas junto al cuerpo diplomático, pidió “respeto y no injerencia en asuntos internos”.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la “falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (…), que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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