El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó el avasallamiento en Urubichá y anunció reuniones con autoridades para las próximas horas para planificar el desalojo y la reforestación del lugar que fue incendiado.
Un extranjero está detrás de la toma ilegal de tierras en Portachuelo, en la provincia Sara de Santa Cruz, reveló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quién además anunció el inicio de procesos penales contra esta persona y los protagonistas de la toma.
La autoridad confirmó que se tuvo “un nivel de resistencia por parte de algunos moradores que motivados por promesas falsas de un ciudadano extranjero han impedido que los medios de comunicación y quienes habían intervenido en esta operación salgan del lugar”.
Aguilera detalló que el operativo en la propiedad Santa María se ejecutó a las 06:00 del lunes y no se encontró a nadie en el lugar, por lo que tuvieron que esperar a la llegada de la notaria “para establecer cuáles eran las circunstancias en las que habíamos intervenido en aquella propiedad y producto de esta demora que permitió que estos avasalladores se puedan agrupar, impidiendo en un primer momento que la Policía salga del lugar”.
Tras las pesquisas se han “obtenido algunos datos preliminares que asocian a los moradores de esa área como responsables de este hecho”, dijo la autoridad.
En ese marco, las autoridades activaron los procesos penales, no solo por la toma de los predios, sino también por la retención de la comitiva que había llegado al lugar para la intervención, entre ellos periodistas.
“A partir de esta información tenemos identificados a quienes han estado ocupando ese predio de manera ilegal, estamos iniciando las acciones legales pertinentes, no solamente sobre el avasallamiento, sino también, aquellas personas que irrumpieron el retorno normal, tanto de los periodistas como de la Policía”, anunció Aguilera.
Denuncias en Urubichá
Tres denuncias de avasallamiento que se conocieron en las últimas horas en Ascensión de Guarayos, Urubichá y Portachuelo y Buenavista.
La Cámara Forestal precisamente denunció al avasallamiento en un área de Urubichá, inclusive se produjo una quema donde ahora hay asentamientos con carpas.
Aguilera dijo que se contactó con un asesor jurídico de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), que confirmó las denuncias sobre ese tipo de ilícitos e inclusive la explotación forestal.
“Vale la pena establecer que Urubichá es una tierra fiscal no disponible, es decir, esa es una reserva hacia el futuro que no puede ser usada para otros fines que no sea las de forestación. Existen instituciones especializadas que se tienen que encargar precisamente de proteger ese predio”, dijo.
El viceministro indicó que “evidentemente, se han realizado sobrevuelos” y se han “logrado apreciar a partir de estos sobrevuelos, viviendas precarias, muchas veces carpas que son la primera fase del avasallamiento”.
“Esas personas que han logrado esta quema, primero dañando el medio ambiente, dañando nuestra reserva natural, se encuentran de manera ilegal en esos lugares”, sostuvo.
Aguilera anunció que alistan los operativos para desalojar a los avasalladores de estos predios y luego impulsar la reforestación.
“Estamos efectuando operaciones no solamente para expulsarlos, sino esta tarde tendremos reuniones con las instituciones pertinentes para que logremos la forestación de estos predios, ojalá lo hagamos con la comunidad entera y podamos impedir a futuro que esta reserva que está en Urubichá sea explotada y por último avasallada por quienes no solamente han encontrado en el avasallamiento un modo de vida, sino un modo de lucro”, indicó.
Organizaciones criminales
Aguilera explicó que en estos hechos ilegales operan “organizaciones criminales que utilizan a personas que vienen en muchos casos del interior y a quienes colocan como carne de cañón, la sitúan en ese lugar y luego empiezan a parcelar, es decir, disfrutan de este bien a través del tráfico de tierras”, indicó.
En ese marco, anunció: “Efectuaremos un combate serio frente a este tema, pues consideramos que no solamente se trata de una reserva forestal, sino que ha existido daño al medio ambiente en esta época que como sabemos ninguna quema es autorizada”.
¿Cuándo se va a incursionar en esta zona y se va a desalojar a todas las personas que ingresaron ilegalmente?
“Tenemos un plan y obviamente cuando nosotros hacemos un aviso de estas operaciones, muchas veces ya no encontramos a nadie en estos predios”, señaló tras precisar que los “tomatierras” ingresan a los predios en la época de cosecha o de siembra.
En ese marco, Aguilera dijo que sostendrá “una reunión de operación por orden del ministro de Gobierno esta tarde con el comandante” de la Policía de Santa Cruz, el coronel Erick Holguín, “y a partir de ello generaremos un cronograma precisamente para establecer el orden en estas áreas que son protegidas”.
80 predios
Con anterioridad, el ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, dio un informe que daba cuenta que son más de 80 predios productivos privados tomados de forma ilegal.
Aguilera dijo que tomó contacto “varias veces” con la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), con la Asociación de Empresarios Privados de Santa Cruz “que trabajan con la tierra”.
“Efectivamente, esta es una dinámica que no solamente llama la atención a quienes se ven afectados por ellos, sino también al Estado boliviano, al Gobierno, que ha realizado una serie de operaciones”, dijo.
“En las últimas horas, hemos pretendido tomar contacto con los propietarios de esos predios, hacemos operaciones escalonadas, y no hemos tenido éxito”, señaló.
Aguilera dijo que la Policía necesita “contar con la coparticipación de los moradores para que tengamos un objetivo claro”, es decir, ubicar el lugar exacto del predio.
“Son vastas las llanuras que tenemos en Santa Cruz y muchas veces no llegamos hasta el lugar exacto. Y es por eso que requerimos un guía que nos pueda guiar por aquellos lugares en los que inclusive no se cuentan con rutas, es decir, no existen caminos, son propiedades que están lejanas de la vía principal y que muchas veces utilizan sendas que no aparecen en los planos”, sostuvo.
Robo de caña
Otra denuncia da cuenta que avasalladores robaron en Guarayos una cosecha de cerca de 1.000 toneladas de caña cuyo valor se calcula que bordea los $us 30.000.
Los sindicados de este ilícito son “un señor de apellido Bautista, y otro apellido Tárraga”, denunció el abogado Álvaro Latorre.
Aguilera señaló hay mercados negros “que se dedican a acumular este bien y, claro, comercializarlos sin exigir ningún tipo de requisitos”.
En su criterio, es necesario “fomentar a quienes compran estos bienes acerca del pago que se tendría que efectuar con un cheque” para establecer precisamente el origen legal de estos productos.
“No solamente se trata de la caña de azúcar, en muchos casos también de la soya. Hemos logrado intervenir en varias propiedades que han sido víctimas de este tipo de hechos a partir precisamente de este control. Con este pago, lo que nosotros podemos establecer, no solamente quienes cobran, sino también quienes se benefician de esto”, sostuvo.
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