El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó el fallecimiento del taxista y denunció que su caso es un claro ejemplo de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
La lucha por justicia de Reynaldo Chura terminó sin reparación ni resarcimiento. El taxista, quien en 2022 fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió, falleció este mes sin haber visto una reivindicación de sus derechos.
Su caso, marcado por la vulneración de la presunción de inocencia y la exposición pública indebida, ha reavivado la necesidad de garantizar el respeto a los Derechos Humanos puede derivar en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Chura fue detenido en agosto de 2022 y señalado públicamente por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como presunto cómplice del rapto del bebé Alex en La Paz. Pese a su insistencia en su inocencia, pasó cuatro meses en prisión, hasta que la verdadera autora del delito fue identificada.
Tanto él como una enfermera fueron liberados, pero el daño a su reputación y bienestar ya estaba hecho.
Tras su liberación, Chura expresó su indignación por la forma en que fue tratado por las autoridades. “Imagínese qué daño me ha hecho este señor ministro, la fiscal, el investigador. Yo en reiteradas oportunidades he suplicado que soy inocente”, declaró en su momento.
Además, relató ante la Defensoría del Pueblo los abusos que sufrió mientras estuvo privado de libertad, incluyendo presiones policiales y la dificultad de retomar su vida laboral debido al estigma que lo marcó como delincuente.
El 21 de enero, Chura falleció sin que su caso fuera resuelto con justicia. Su abogado, Manolo Rojas, informó que uno de sus últimos deseos era que su experiencia sirviera para evitar que otras personas sufran la misma injusticia.
Daños
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó el fallecimiento del taxista y denunció que su caso es un claro ejemplo de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, dignidad y honra. ¡No hubo reparación, no hubo justicia!”, afirmó.
En diciembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial exhortando a las autoridades a prohibir la exhibición pública de personas aprehendidas sin su consentimiento, en cumplimiento de la normativa penal vigente. Sin embargo, el caso de Chura evidencia que estas recomendaciones aún no se traducen en acciones concretas.
La situación ha despertado reacciones a nivel nacional e internacional. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó lo sucedido como “otra razón para apoyar la denuncia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”
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