El Ministerio Público imputó formalmente al ingeniero Édgar Villegas, por el delito de instigación pública a delinquir, a denuncia del diputados del ala ‘evista’, Renán Cabezas, en el marco de las investigaciones por el presunto fraude electoral de 2019.
Según la resolución, Villegas es investigado por «exacerbar» los ánimos de la población, al presentar pruebas de un supuesto fraude, lo que resultó «en la irrupción y afectación de varios Tribunales Departamentales Electorales».
A raíz de esto, el diputado Cabezas argumenta que Villegas no fue investigado en el marco de este proceso. Sin embargo, voces de Comunidad Ciudadana, y Creemos, han advertido que estos cargos representan una persecución política.
Durante la crisis de 2019, Villegas apareció ante los medios para «demostrar que hubo fraude», y manipulación en el proceso electoral, incluso con el voto de personas que habían fallecido antes de las elecciones.
Además, comparó datos del sistema de conteo rápido (TREP), y el cómputo oficial, donde detectó alteraciones, y presuntas irregularidades, respecto a una manipulación de cifras.
Su labor abrió paso a más investigaciones sobre las irregularidades, que terminó por confirmar la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un informe, que derivó en la anulación de las elecciones.
Desde su cuenta de Facebook, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que «el régimen de Luis Arce» suma otro perseguido político.
«Pero Bolivia no puede olvidar; cuando el MAS hizo fraude, cuando salimos a las calles a defender la democracia, el ingeniero Edgar Villegas puso todos sus conocimientos informáticos para demostrar el fraude», escribió.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, dijo que «la enorme mayoría de la ciudadanía», y la opinión pública está agradecida con Villegas.
Advirtió que «la persecución política al ingeniero Villegas», podría perjudicar, incluso, el ingreso de Bolivia al Mercosur, el cual tiene una cláusula democrática en contra de persecuciones.