Tras la controversia en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la oposición y evistas rechazan los contratos de litio, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló que la firma de los contratos es necesario para que Bolivia aproveche los precios del litio que a partir del 2032 tendrán un alza.
“De acuerdo a empresas de inteligencia de mercado el 2031 y 2032 llegará a su punto máximo la producción de combustibles fósiles e inicia una declinación y ahí comienzan las tecnologías emergentes, como el tema del litio, la electromovilidad”, manifestó Gallardo.
La autoridad señala que en caso de aprobarse los contratos de litio en la ALP la construcción y puesta en marcha de las plantas demorará entre cinco a seis años, por lo que, si no existen contratiempos, pueden estar en funcionamiento cuando mejoren los precios del litio, según Gallardo.
“Existe un criterio de oportunidad. Si nosotros no realizamos el proyecto ahora, no estaremos listos cuando los indicadores de mercado indican que el precio del litio estará punteando”, señaló la autoridad.
Gallardo agregó que a lo largo del Gobierno de Luis Arce se firmaron 14 convenios apuntando a la explotación de litio. A partir de esos primeros acuerdos, se firmó el año pasado un contrato con la china CBC y otro con la rusa Uranium Group.
En representación del Estado boliviano ambos contratos han sido firmados por Yacimientos de Litio Boliviano; sin embargo, para que entren en vigencia se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se ha expresado rechazo los documentos y existen cuestionamientos.
La diputada Lissa Claros cuestiona que se busque aprobar estos contratos a cuatro meses de que termine la gestión de Luis Arce. Además, señala que existe un fallo judicial que está pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por otra parte, los cívicos potosinos cuestionan que, de acuerdo a los contratos, este departamento solo recibirá 3% de regalías por la explotación del litio.
Las comunidades indígenas también reclaman que no se ha realizado una consulta previa a los pueblos afectados. Sobre este tema, el Gobierno señala que aún no se ha realizado dicha consulta porque primero es necesario realizar estudios de factibilidad para definir en qué lugar se instalarán las plantas y entonces se la aplicará.
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