Es representante del pueblo Yuracaré-Moxeño. Sobre Einar Moye Herbas pesa una denuncia por violación y tiene antecedentes de “acoso sexual” desde 2014, cuando también era asambleísta indígena, vinculado al MAS
Hace 10 años, Moye fue denunciado por su suplente. La Justicia llegó a imputarlo, pero las pesquisas no prosperaron y se estacaron. Este año, justamente desde hace un mes, enfrenta una denuncia por “abuso sexual” planteada por una exfuncionaria de la Gobernación de Santa Cruz.
Moye llegó a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz en septiembre de 2023, tras un proceso de revocatorio de mandato avalado por las autoridades electorales. Hubo mucha polémica por efecto de su ascenso y varias comunidades de su territorio le han desconocido.
El 10 de enero, la exfuncionaria ahora denunciante (51), según su declaración, fue abusada en un hotel tras compartir con Moye tres botellas de vino.
La víctima, en sus declaraciones ante la Fuerzas Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), señala que buscó al asambleísta con la intención de recuperar un dinero prestado. Moye, dijo ella, le debía en total unos Bs 5.000 que se prestó para asumir el cargo en septiembre de 2023.
El testimonio señala que el legislador le había dado esperanzas para acomodarla en puesto en la administración departamental. Además, la víctima se dedica a prestar dinero en las dependencias de las gobernación cruceña.
La Fiscalía le otorgó medidas de protección. El oficialismo y la oposición dentro de la Asamblea Departamental de Santa Cruz exigen una investigación exhaustiva.
La asambleísta de Creemos, Kattia Quiroga, señaló que su agrupación es respetuosa de la ley. “La denuncia debe seguir su debido proceso, investigarla a fondo. La persona sindicada debe presentarse y comprobar que es inocente”.
Dilfe Rentería, jefe de Bancada del MAS, en la misma línea, dijo que los delitos son personales y está en su derecho de defenderse y someterse a una investigación. Añadió que el caso está en Ministerio Público y se analizará si es remitido a la comisión de Ética.
Son navegantes y pescadores, habitan en las márgenes del río Ichilo, pero deben ir río arriba. Los cerca de 3.000 habitantes del pueblo Yuracaré-Mojeño están asentados en 14 comunidades dispersas y aisladas de los centros urbanos en un territorio de 76.000 hectáreas en Santa Cruz.
Para visitarlos hay que lanzarse aguas abajo desde Puerto Villarroel, en Cochabamba, a bordo de lanchas movidas por ‘teques’, motores pequeños adaptados para navegar. No hay carreteras. EL DEBER visitó ese territorio el año pasado.
Además, como ellos mismos lo comentan, la subvención de los hidrocarburos no les beneficia, pues pagan hasta Bs 10 por cada litro de gasolina, un precio que dobla al que está regulado en el resto del país. Además, están en medio de la “zona roja” donde existe actividad del narcotráfico.
La Gobernación de Santa Cruz les dotó de paneles solares para la generación de energía. También recibieron una ayuda para la crianza de peces. Las comunidades Yuracaré-Moxeño, explicaron entonces, tienen diferencias sobre sus representantes en legislativo departamental.
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