37 organizaciones de la sociedad civil denuncian cláusulas lesivas en los acuerdos con Uranium One Group y Hong Kong CBC, y reclaman diálogo antes de la aprobación de contratos que podrían perjudicar al Estado.
Un colectivo de 37 organizaciones de la sociedad civil ha puesto en el centro del debate nacional la firma de los contratos para la explotación del litio en el Salar de Uyuni, celebrados con la empresa rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC. En un comunicado conjunto, las agrupaciones identificaron al menos seis puntos críticos en dichos contratos, los cuales, aseguran, obligan al Estado boliviano a asumir riesgos operativos desproporcionados y condiciones económicas que favorecen a las empresas extranjeras.
Conoce la lista de seis puntos conflictivos:
1.- Riesgos operativos desiguales: El Estado boliviano debe asumir la mayor parte de los riesgos, incluyendo penalidades en caso de no proveer la cantidad de salmuera residual exigida.
2.- Inversiones reembolsables: Aunque cada empresa se compromete a invertir aproximadamente $us 1.000 millones, estos montos deberán ser reembolsados por el Estado a través de la producción de carbonato de litio.
3.- Proyecciones de utilidad sobreestimadas: Los contratos se basan en un precio de $us 25.000 por tonelada de litio, cuando el precio actual es cercano a los $us 10.000.
4.- Disparidad en los costos de inversión: Se observa que la operación de la empresa rusa requiere 2,4 veces más inversión por tonelada producida que la empresa china.
5.- Ambigüedad en el aprovechamiento de recursos: Existe una falta de claridad sobre el manejo de otros elementos presentes en la salmuera, lo que genera incertidumbre sobre sus beneficiarios.
6.- Ausencia de salvaguardas ambientales y sociales: Los contratos se firmaron sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, poniendo en riesgo a al menos 20 comunidades vinculadas a actividades productivas y turísticas.
El comunicado enfatiza la necesidad de renegociar estos acuerdos para que resulten justos, transparentes y sostenibles, beneficiando al desarrollo del país.
Además, se informó que las representaciones oficiales de China y Rusia han criticado la legitimidad de estos contratos, calificándolos de lesivos al Estado y fruto de una débil institucionalidad, pactados al final de la gestión gubernamental.
El experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, declaró: “Apoyamos la aprobación de los contratos, pero es imprescindible corregirlos para asegurar que el Estado sea el principal beneficiario de este recurso estratégico”.
Por su parte, el Gobierno defendió los acuerdos, argumentando que los pagos por devolución de inversión están indexados a indicadores internacionales y se efectuarán únicamente en función de los ingresos adicionales generados, asegurando que en ningún escenario el Estado asumirá deudas derivadas de estos contratos.
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